Derivado de una investigación realizada por el equipo de la periodista Carmen Aristegui, se dio a conocer que las hijas de dos ministros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están en la lista de la nómina sin laborar en el órgano. Ambas reciben un pago mensual de 34 mil pesos con aguinaldo, prima vacacional, quincenal; seguro colectivo de retiro y gastos médicos privados.
EL caso rápidamente se propagó en los diferentes medios, pues se trata de un acto de negligencia de parte de quienes se supone son los encargados de procurar justicia en el país. Carmen Aristegui comentó que es una burla el que el máximo órgano judicial vulneré los reglamentos para enrolar a la nómina a familiares que cobran del presupuesto asignado a la cabeza del poder judicial.
De acuerdo con la investigación realizada por el equipo de Aristegui Noticias, en el directorio de la Suprema Corte se encontró que la hija del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, y la hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se encuentran registradas como empleadas.
Ana Elena Aguilar Arangoy, cuya cedula profesional señala que es cirujana dentista y no abogada, aparece como licenciada en derecho en el directorio de la Suprema Corte, teniendo acceso a privilegiadas prestaciones con las que no cuenta cualquier trabajador del poder judicial.
En el informe de Aristegui destaca que las operaciones para enrolar a las dos hijas de los ministros se hicieron trianguladas para lograr evadir la ley, por lo que el nepotismo no se dio de forma directa, ya que el responsable de la contratación, fue el ministro Alberto Pérez Dayan. También se destaca que Daniela Pardo Soto Reyes hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tiene uno de los cargos más altos percibiendo un salario de 135 mil pesos mensuales.
La investigación también menciona a Juan Claudio Delgado Ortiz Mena quien se desempeña como contralor de la suprema corte a pesar de ser el primo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con un salario de 223 mil pesos mensuales.
La tendencia es desalentadora para los miles de egresados en derecho que aspiran a tener una carrera judicial sin apadrinamiento, pues de acuerdo a cifras reveladas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción el 51 por ciento de los jueces y magistrados federales tienen al menos un familiar en la nómina del poder judicial.
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